Más de 1.300 niñas, niños y adolescentes han sido parte del procedimiento de la ley de entrevistas videograbadas en la región de Coquimbo
A un año de la total implementación de la Ley N° 21.057 de Entrevistas Videograbadas, desde su gradual puesta en marcha en octubre de 2019, más de 25 mil niños, niñas y adolescentes han sido entrevistados y 1,964 de ellos han prestado declaración en juicio. De ellos, un total de 1.342 pertenecen a la región de Coquimbo.
La mencionada ley ha establecido un marco normativo que regula la toma de declaraciones de los niños, niñas y adolescentes en las etapas investigativas y judiciales. Su propósito es evitar preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas, además de resguardar la privacidad y seguridad de los menores, garantizando un relato voluntario sin contaminación de información de terceros.
“Los niños, niñas y adolescentes que fueron parte de este procedimiento, se ve reflejado en la disminución de declaraciones en los juicios, lo que se traduce en la reducción de la revictimización a quienes han sido vulnerados en sus derechos, que es lo que finalmente persigue esta ley de entrevistas videograbadas” indicó al respecto, Rubén García Tapia, seremi de justicia y DDHH de Coquimbo.
La protección de la ley se extiende a las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento, quedando sometidas estas instancias a los principios de Interés superior, autonomía progresiva, participación voluntaria, prevención de la victimización secundaria, asistencia oportuna, tramitación preferente y por último, el resguardo de su dignidad.
Además, 586 entrevistadores están acreditados en el Registro de Entrevistadores que administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 224 salas especiales para la toma de declaración se encuentran operativas a lo largo del país.
El Estado de Chile, con la total implementación de esta ley, reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los niños y los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño y estándares internacionales para la protección de niños víctimas y testigos de delitos.
